El pasado 14 de abril, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el Real Decreto que regula la gestión de derechos de autor en España tal como ya anunciamos que sucedería hace unas semanas en el artículo en el que tratamos el futuro de los derechos de autor en España.
La nueva normativa, que deberá ser aprobada por el Congreso de los Diputados, responde a las demandas de la Unión Europea y a las de mejora del Anteproyecto de Ley que propuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Lo hace, en primer lugar, obligando a que las sociedades de gestión incorporen órganos de control interno que supervisen la ejecución de sus presupuestos y el reparto de ingresos entre los socios; en segundo lugar, permitiendo la entrada de gestoras privadas con ánimo de lucro en el mercado de la gestión de derechos y, en tercer lugar, obligando a que se facilite la movilidad de los autores de unas sociedades a otras, pudiendo estos seleccionar qué sociedades gestionan sus derechos en cada territorio y en cada momento.
Los órganos de control que supervisarán la gestión de las sociedades tradicionales incluirán a personas ajenas a la entidad e informarán periódicamente a la asamblea general de socios lo que garantiza una mayor transparencia y seguridad con respecto a la praxis de las sociedades.
Por otra parte, la norma permitiría a gestores de derechos independientes operar en España, siempre supervisados por la Administración Pública, y permite la irrupción de licencias multiterritoriales en España para facilitar en acceso a licencias por parte de canales digitales que funcionan a nivel global. Sin embargo, los derechos sujetos a gestión colectiva obligatoria como los de música emitida en radio y televisión, o en lugares públicos o el famoso canon digital, seguirán siendo gestionados por sociedades tradicionales establecidas en España. Sin embargo, los derechos de gestión individual podrán ser gestionados por cualquier entidad.
La reforma llega con retraso puesto que la directiva europea 2014/26/UE debía transponerse no más tarde de 2016. Sin embargo, la nueva regulación supera las demandas de la normativa europea, por lo que parece ser una buena noticia para los autores.
