Categoría: Derechos de autor

El pasado 14 de Febrero de 2019 el Parlamento Europeo llegó a un consenso para aprobar la Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital, conocida como ley de Copyright. El proceso ahora pasará a los estados miembros y al Parlamento Europeo para que aprueben el texto final.

Esta ley recoge el derecho de los autores a recibir una remuneración justa por el uso de sus obras en la red, obligando a plataformas como YouTube a conseguir licencias de los creadores, o usar medidas de control de lo que comparten los usuarios. Esta ley podría suponer un problema para el modelo actual de YouTube, que en el último año pagó 800 millones de Euros a autores en Europa.

"Las compañías que actúan adecuadamente, ayudando a los propietarios de derechos a identificar y controlar el uso que se hace de su contenido, no deberían ser responsables de aquello que suben los usuarios, como tampoco lo es una compañía telefónica del contenido de las conversaciones que se tienen por teléfono", defendió Marco Pancini responsable de Asuntos Públicos de YouTube en Europa, Oriente Medio y África en el periódico El País.

A lo que se refiere al otro bando de esta polémica ley del Copyright Mark Kitcatt, Presidente de la Junta Directiva de IMPALA y vocal de la Junta Directiva de UFi comentaba : “Los productores independientes españoles vemos con satisfacción, orgullo y un cierto alivio este nuevo paso hacia un futuro en el que nuestras ideas y sugerencias sobre transparencia y responsabilidad son recogidas en la nueva directiva. Permitirá una Internet en la que los creadores tienen incentivos para crear y participar de una forma más justa en los frutos de su trabajo”. [fuente UFI]

Helen Smith, Directora Ejecutiva de IMPALA también opina respecto a la nueva ley: “Tenemos que ver el texto definitivo, pero esta legislación será la primera en cualquier lugar del mundo en la que exista una confirmación absoluta de que los servicios digitales con contenidos subidos por los usuarios están sujetos a las leyes de derechos de autor y necesitan una licencia. En línea con la Declaración de acuerdos digitales justos de WIN adoptada hace más de tres años, IMPALA también respalda las disposiciones de la directiva sobre transparencia y remuneración para autores, artistas y ejecutantes. Las instituciones de la UE han hecho un gran trabajo para alcanzar este compromiso a tiempo. La semana pasada alertamos sobre los riesgos de avanzar sin ciertas mejoras en el texto y creemos que se escucharon nuestras preocupaciones. Todos los que han contribuido con sus opiniones, sea cual sea el lado del debate en el que estén, han jugado un papel importante. Todavía hay algunos pasos más que dar antes de que esta reforma se convierta en ley y esperamos que todos los sectores nos podamos unir en apoyo de este texto equilibrado para asegurarnos de que finalmente se adopte”.  [fuente UFI]

Aún así, seguiremos a la espera de que la propuesta de la reforma del Copyright se apruebe finalmente, pues hay el riesgo de que si hay algún contratiempo no llegue a aprobarse debido a las elecciones europeas previstas para el 26 de mayo.

El Parlamento Europeo aprobó ayer el texto propuesto para la nueva directiva que regulará la propiedad intelectual en Europa. La votación mostró un resultado claro en favor de la aprobación de la regulación propuesta por el Partido Popular Europeo con el apoyo de los Socialdemócratas, con 438 votos a favor y solo 226 en contra.

Se trataba de una segunda votación después de que una primera fuera rechazada el pasado mes de julio. La nueva directiva, conocida como la directiva del copyright, fue rechazada hace dos meses por el contenido de dos artículos polémicos, el 11, que pretende regular y restringir la libertad de compartir artículos de prensa en la red, y el 13, que aboga por asignar el deber de controlar la publicación de contenidos sin permisos a las plataformas digitales (Google, Facebook, Instagram, etc.). Diversas modificaciones en el contenido de ambos han propiciado el apoyo mayoritario de la Cámara.

Pese a ello, la directiva ha tenido la oposición de 226 eurodiputados, entre ellos algunos catalanes como Ernest Urtasun (ICV) y Ramón Tremosa (PDeCAT) y la abstención de 39, entre ellos la de Jordi Solé (ERC). El debate sobre el modo en que las plataformas digitales deberán filtrar y controlar los contenidos publicados ha creado discrepancias entre los europarlamentarios. Los críticos temen que la nueva regulación pueda suponer una limitación a la libertad de expresión en las red. 

Pese a la aprobación del texto en el Parlamento Europeo, la directiva deberá tener el visto bueno del Consejo Europeo para ser aprobada definitivamente.

El pasado 14 de abril, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el Real Decreto que regula la gestión de derechos de autor en España tal como ya anunciamos que sucedería hace unas semanas en el artículo en el que tratamos el futuro de los derechos de autor en España. 

La nueva normativa, que deberá ser aprobada por el Congreso de los Diputados, responde a las demandas de la Unión Europea y a las de mejora del Anteproyecto de Ley que propuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Lo hace, en primer lugar, obligando a que las sociedades de gestión incorporen órganos de control interno que supervisen la ejecución de sus presupuestos y el reparto de ingresos entre los socios; en segundo lugar, permitiendo la entrada de gestoras privadas con ánimo de lucro en el mercado de la gestión de derechos y, en tercer lugar, obligando a que se facilite la movilidad de los autores de unas sociedades a otras, pudiendo estos seleccionar qué sociedades gestionan sus derechos en cada territorio y en cada momento. 

Los órganos de control que supervisarán la gestión de las sociedades tradicionales incluirán a personas ajenas a la entidad e informarán periódicamente a la asamblea general de socios lo que garantiza una mayor transparencia y seguridad con respecto a la praxis de las sociedades. 

Por otra parte, la norma permitiría a gestores de derechos independientes operar en España, siempre supervisados por la Administración Pública, y permite la irrupción de licencias multiterritoriales en España para facilitar en acceso a licencias por parte de canales digitales que funcionan a nivel global. Sin embargo, los derechos sujetos a gestión colectiva obligatoria como los de música emitida en radio y televisión, o en lugares públicos o el famoso canon digital, seguirán siendo gestionados por sociedades tradicionales establecidas en España. Sin embargo, los derechos de gestión individual podrán ser gestionados por cualquier entidad.

La reforma llega con retraso puesto que la directiva europea 2014/26/UE debía transponerse no más tarde de 2016. Sin embargo, la nueva regulación supera las demandas de la normativa europea, por lo que parece ser una buena noticia para los autores. 

En los últimas semanas se han producido hechos relevantes para el futuro del mercado de los derechos de autor en España

La legislación española sobre el mercado de los derechos de autor entró en conflicto en 2016 con la directiva del Parlamento Europeo, que exigía la transposición de las leyes que regulan la gestión de derechos de autor en el ordenamiento jurídico de los países miembros, transposición que no ha llegado a concretar España en el periodo establecido.

En España, la gestión de derechos de autor se ha caracterizado por el oligopolio así como de una preocupante falta de transparencia, por parte de las ocho entidades de gestión que operan en el país que, según indicaba un informe de la Comisión Nacional de la Competencia ocupan ocho diferentes ámbitos de gestión, repartiéndose así el mercado y evitando tácitamente la competencia. Se concluye fácilmente que la coyuntura se presenta en forma de oligopolio en el sector.

Ese hacer tronca con el modelo por el que apuesta la Unión Europea que, a grandes rasgos, apuesta por potenciar la competitividad paneuropea, ofrecer protección a los propietarios de derechos y hacer más transparente la gestión de derechos.

En estos momentos, la nueva norma que debe transponer la directiva europea en España es todavía un Anteproyecto de Ley, por lo que los plazos marcados por la UE no se acercan al objetivo, dado que el plazo para la reforma que había marcado la Unión finalizaba en 2016.

Dicho Anteproyecto de Ley apunta en las direcciones marcadas por la directiva europea, aunque, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha elaborado un informe sobre Anteproyecto a petición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, aún hay espacio de mejora en la propuesta. En concreto, apunta a que hay que facilitar la creación de sociedades de gestión de derechos en España, donde aún el Ministerio tiene la potestad de aprobar la creación de estas. Eso, sumado a que estas deben no tener ánimo de lucro, dificulta la proliferación de entes gestores que aumenten la competencia en el sector. Además, el informe defiende una mayor maniobrabilidad de los propietarios de derechos a la hora de rescindir contratos de gestión y cambiar de gestor, esto es, de reducir la permanencia máxima de los 3 años años a 1 año. Entre el resto de apuntes, destaca la necesidad de un mayor control legal sobre las entidades de gestión y un aumento de las amonestaciones en caso de que estas violen la norma.   

Hace pocos días conocíamos una sentencia de la Audiencia Nacional en la que, después de trece años de disputa judicial, ratificaba la condena que impuso la CNMC contra la SGAE, y ante la denuncia de la Asociación de Promotores Musicales (APM) por acciones abusivas como consecuencia de su monopolio del sector de la gestión de derechos de autor, tales como el cobro del 10% en concepto de cuotas de autor en los espectáculos de música en vivo. Este es un porcentaje muy superior al de otros países, entre los que se encuentran los mayores exportadores de composiciones, Estados Unidos (0,15%) y Reino Unido (3%).

Pese a confirmar la mala praxis de la SGAE, la Audiencia Nacional, suspendió la multa de 3,1 millones de euros que la CNMC había impuesto a la sociedad de gestión, por considerarla excesiva.

Con todo, el devenir del conflicto apunta hacia la evolución y regulación del mercado de los derechos de autor en España que aplaudimos.

Desde La Cupula Music estamos atentos al devenir de los acontecimientos en torno a la regulación de los derechos de autor en España con el objetivo de ofrecer herramientas que en el futuro faciliten la mediación entre los propietarios de derechos y las sociedades de gestión, proveyendo, por ejemplo, capacidad de gestión de datos, que en estos momentos no pueden ser procesados por la sociedades y que pueden arrojar luz a los propietarios sobre la gestión de sus derechos.